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Diario YA


 

Catalunya ingobernable. España entre el totalitarismo y Montesquieu

Miguel Massanet Bosch.
Mientras en Cataluña proliferan los botellones incontrolados, se relajan los controles del gobierno Central sobre la acción exterior del Gobern catalán, haciendo la vista gorda ante la entrevista de la  señora Victoria Alsina, en París, con representantes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo del gobierno francés, para tratar de temas como la Diada  e intentar evitar que, desde las naciones europeas, se considere como “un asunto interno de España” el de las pretensiones separatistas catalanas y que “el problema catalán no se ha resuelto”; todo ello en la línea de no molestar a los independentistas catalanes, pese a que la señora Alsina negó lo que, al parecer es evidente, y es el intento de Puigdemont de valerse de Rusia como colaboradora para apoyar el separatismo en Cataluña. Al propio tiempo que se fuerza la reanudación de la absurda “mesa de diálogo” con representantes del gobierno español, a la que, imprudentemente, en uno más de sus intentos de mantenerse en el poder, el señor Pedro Sánchez insinuó que quería asistir y ahora se halla metido en el cepo en el que voluntariamente se ha metido de modo que, si quiere hacer marcha atrás, se verá criticado duramente por los mismos a los que ha pretendido agradar.
Por otra parte vemos que, para mantener el espíritu reivindicativo del 11 de Septiembre, mediante el cual, en años pasados, han puesto el énfasis en presionar al gobierno de la nación con manifestaciones multitudinarias y acciones de protesta, acompañadas de quemas de banderas nacionales y fotografías de los reyes, junto a eslóganes reivindicativos en contra de lo que califican “opresión sobre Cataluña” que no es, ni más ni menos, que el que se les exija  que cumplan con las leyes del Estado, algo que ya hace años que vienen incumpliendo.
Observamos, con la resignación a la que nos hemos acostumbrado ante los continuos ataques al sentido común y a la lógica con los que nos obsequian las autoridades catalanas que, precisamente en vísperas de la Diada del 11 de septiembre, como si esta festividad tuviera el poder de conceder la inmunidad en contra del Covid 19, deciden suprimir todas las limitaciones que existían en la autonomía para evitar la propagación de esta cepa Delta, tan contagiosa, de la epidemia que tantos dolores de cabeza está proporcionado a la sanidad autonómica. No se ha accedido a las demandas de las empresas del ocio catalanas, que se quejan de que se les impida ejercer sus actividades; no han tenido en cuenta los consejos de los expertos, que consideran que las acumulaciones de multitudes de jóvenes y mayores en las calles, para beber, emborracharse y consumir drogas, resultan ser mucho más peligrosas que el hecho de que se celebren fiestas en los diversos locales de ocio donde, al menos, es más fácil controlarlos. Pero no olvidemos que lo que se busca, desde la óptica independentista, es potenciar el que acudan muchos catalanes a la concentración político-reivindicativa del catalanismo soberanista, en los actos que tengan lugar a lo largo de la Diada y esto justifica que, para estos sujetos, se evite considerar el peligro evidente de un mayor contagio del virus y una nueva recaída, como ha venido sucediendo cada vez que se han producido dichos desmanes.
Y por si no tuviéramos suficiente con las patochadas de la Generalitat, como la que ha tenido lugar con la falta de previsión de los efectos que podría tener la apertura de las autopistas catalanas, ahora sin peajes, sin prever que el aumento de circulación sería un problema y que no se puede improvisar cuando se trata de ofrecer una medida tan apetitosa y atractiva como es la de que los miles de los conductores que las evitaban por su coste económico, ahora pudieran disfrutar de ellas gratis. Improvisación sobre improvisación y la evidencia de que, cuando por fines simplemente políticos, de captación de votos y, con falta absoluta de tomar en consideración sus aspectos negativos, lo que acaba por ocurrir es que los efectos económicos, de mantenimiento por el mayor deterioro de las vías circulatorias debido al mayor uso, al tonelaje de los camiones más pesados y al hecho de el firme ya muestre lugares de mayor desgaste debido a la falta delos debidos cuidados por parte de las concesionarias; todo ello, irremediablemente va a tener que traducirse en más impuestos, tasas, recargos o, lo que ya se ha venido anunciando desde diversos ministerios, que la circulación por carreteras vaya suponiendo un peaje para todos los coches que las utilicen y, es muy posible, que incluso a los ciudadanos que nunca lo hagan. Y es que, señores, estas decisiones populacheras, estas concesiones a quienes solicitan mejoras, pero sin tener en cuenta que cada mejora tiene un conste económico que, en muchas ocasiones, no está en manos de la Administración asumir acaban, fatalmente, siendo la causa de que los servicios sean insuficientes, peores, más costosos y, ocasionalmente, gravemente perjudiciales para los mismo que lo pidieron.
Y, una vez más, tenemos la prueba, en este caso dentro del propio Gobierno de la nación, de cómo los intereses espurios de unos políticos que no dudan en manipular interesadamente a la opinión pública, mediante verdades a medias, interpretaciones interesadas carentes de respaldo jurídico, versiones manipuladas de los hechos y de las circunstancias por las que no se ha podido llegar a un acuerdo, durante tres años, para la renovación de los miembros del CGPJ entre el partido del gobierno, el PSOE, y el principal partido de la oposición, el PP. Es cierto que existen unos plazos para que los miembros del CGPJ sean relevados de sus puestos por otros que tengan el derecho de ocupar las vacantes vacías. Pero de lo que no se dice nada y, de hecho, es lo que ha venido ocurriendo durante estos tres años de incapacidad para ponerse de acuerdo al respecto es que, lo que se precisa, es que los partidos mayoritarios del gobierno y de la oposición lleguen a un consenso relativo a las personas que debieran ser las más idóneas, independientes, capacitadas y, evidentemente, no estar condicionadas por su dependencia del Gobierno ni del partido opositor.
El Gobierno, experto en manejar las malas artes, culpa al PP de no querer llegar a dicho consenso, pero se calla que, en esta ocasión, las personas que intenta colocar en dicho organismo, son especialmente partidarios del señor presidente del gobierno y que éste no quiere promulgar una nueva ley que haga que los jueces o magistrados que deban sustituir a los que actualmente vienen ocupando dichos sillones, debieran de ser elegidos,  directamente, por los propios jueces y magistrados y no por los distintos poderes políticos que pudieran provocar que, la independencia del Poder Judicial, se pusiera poner en duda como ya ha sucedido con la abogacía del Estado, dependiente directamente del Gobierno y con la Fiscal General del Estado que fue directamente elegida por el ejecutivo, habiendo sido ministra de Justicia del actual gobierno lo que, sin duda alguna, se presta a las susceptibilidades oportunas y a que sus decisiones sean puestas en duda, por existir el peligro de que no sean lo objetivas que deberían ser.
El desconocimiento de la legalidad o el intento de vender a la audiencia una verdad que no lo es, ha permitido que exista la creencia de que el PP ha sido el culpable de que no se produjera el cambio; sin tener en cuenta que, en realidad, a quién no le interesa que sean los propios jueces y magistrados los encargados de  la elección de los miembros del CGPJ, es precisamente a los que forman el actual gobierno, con el señor Pedro Sánchez a la cabeza, ya que, entonces no tendrían la posibilidad que ahora se les ofrece de copar los tres poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial; cuando es evidente que ya disponen del control de los dos primeros y, el único que se les viene resistiendo es el judicial, que es el que impide que puedan llevar a cabo una reforma solapada de la Constitución cuando el Gobierno no tiene los medios legales, para conseguir cambiarla a su gusto, lo que supondría convertir a España en una nación tercermundista, como las que conocemos en Hispano-América.
O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, tenemos la inquietante percepción de que al señor Presidente de nuestro gobierno le trae sin cuidado que la Justicia, en España, salga reforzada, que sea ocupada por magistrados y jueces honestos y capaces o que nuestro sistema judicial salga reforzado, disponga de medios adecuados para ejercer la justicia con celeridad y eficacia, no como sucede ahora que, cada pleito, supone un verdadero ejercicio de paciencia, sufrimiento, estrés y desesperación para aquellos que pasan por este trago y que se ven obligados a pasar años en espera de que se les reconozcan sus derechos o bien, en el caso de juicios penales, que se decida sobre su culpabilidad o inocencia, en cuyo caso nadie les puede compensar del tiempo que han estado sub-júdice. Y nadie culpe al señor Casado por pedirle a Sánchez que se comprometa por escrito a cambiar la ley y a hacer que los nombramientos en la judicatura les correspondan a los jueces y no a los políticos porque, desgraciadamente, conocemos a un señor que tenía malos sueños sólo de pensar en tener en su gobierno a los comunistas y fue tal su desfachatez, su incoherencia y el engaño que les hizo a sus votantes que, nada más salir vencedor en los comicios, se echó en brazos de aquel con el que había tenido sueños truculentos. La verdad, para el señor Sánchez, es un pecado capital.